CADUCIDAD Y AMNISTÍA"Defender la Ley de Caducidad"
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Columna del Dr. Luis Alberto Lacalle en "El País" 06-09-2009
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Al final de la dictadura, recobrada la vigencia plena de las instituciones el parlamento se vio enfrentado a encontrarle una solución a tres problemas derivados de las circunstancias que el país vivió desde 1963 a 1984.
Un primer periodo en el que la subversión intentó derrocar los gobiernos legales y legítimos y un segundo en el cual, comenzando con Bordaberry y siguiendo con Aparicio Méndez, y el gral. Álvarez, vivimos la etapa de gobierno de hecho y privación de libertades que todos recordamos.
La situación de quienes estaban presos por atentar contra las instituciones, el hecho de que miles de funcionarios públicos hubieran sido perseguidos y despedidos ilegalmente y la responsabilidad de ciertos militares y policías en actos violatorios de derechos humanos, formaban parte de ese difícil y complejo problema.
Los legisladores de la época nos abocamos a salir de esa situación y lo hicimos aprobando tres leyes.
Las mismas, vistas en la ya larga perspectiva de los años y por la fuerza de las circunstancias seguramente que contenían elementos de injusticia, pero lo que primó, correctamente, fue la mirada amplia y de conjunto.
Las tres normas formaron lo que hemos dado en llamar "el estatuto de la salida", sin demasiado rigor jurídico pero con un claro sentido de que tenían entre sí una relación estrecha, diríamos que inseparable.
La sociedad encaró tres problemas a través de sus representantes, queriendo dejar cerrado un pasado que hoy se quiere, parcialmente resucitar.
O se derogan las tres leyes o se dejan las cosas como están.
La ley de amnistía otorgó dicho beneficio -amnistía viene de "amnios", olvido- a quienes iniciaron el proceso de destrucción de las instituciones.
A quienes robaron, mataron, secuestraron y torturaron en pleno régimen democrático.
A quienes iniciaron el proceso que desembocó en la dictadura. Muchos estuvieron presos, otros nunca.
Todos fueron beneficiados por la ley mencionada. Algunos ocupan cargos de relevancia.
Unos pocos volvieron del extranjero y han relatado sus "hazañas" como el asesinato de Pascasio Báez o cómo seleccionaban a quienes iban a ejecutar, con notable y terrible frialdad.
Todos fueron amnistiados. No se hicieron distingos para lograr la paz.
Seguramente que entre los funcionarios despedidos ilegalmente, sin el debido proceso, había algunos que lo merecían.
O no concurrían a trabajar o cometían faltas graves. Todos fueron reintegrados, sin excepción.
Se miró el problema en su totalidad, no en el detalle, justamente para lograr la paz.
La ley de caducidad tuvo un tramite más complejo. Lamentablemente no hicimos caso en 1985 al sabio consejo del Senador Dardo Ortiz que proponía que la ley de amnistía fuera para sediciosos y militares y policías, en un mismo cuerpo legal…. Pero no fue así.
Un largo y accidentado trámite y planteos de todo tipo fueron llevando a una redacción que, siendo ingeniosa en su aspecto político, no fue feliz en su claridad jurídica.
Allí quedó incrustado el artículo cuarto que daba intervención al Poder Ejecutivo para indicar si cada caso estaba o no incluido en sus disposiciones.
Dicha ley fue duramente discutida y provocó divisiones partidarias que aún hoy duran. Se reclamó ante la ciudadanía que esta decidiera su derogación mediante un recurso de referéndum.
Fue clara la mayoría de quienes votamos para mantener la norma. Tiene esa ley una doble legitimidad la de su trámite y la de la ratificación popular.
El actual gobierno, aun antes de instalado trató este tema con los mandos militares. A qué se comprometió si es que lo hizo, no lo sabemos.
Si conocemos todos los casos en que usó de la facultad del referido artículo cuarto que permitió que se detuviera a principales personajes de la dictadura que era lo que el Frente Amplio quería.
Esta agrupación política ha tenido actitudes ambivalentes ante esta norma. Ha vociferado contra ella pero no la ha derogado, teniendo como tiene mayoría para ello.
Luego de usarla ha decidido un camino de dudosa solidez institucional que lleva a una reforma constitucional.
La misma, de ser aprobada provocará, como primera consecuencia, que salgan en libertad los presos. Luego que el poder político nunca más tenga nada que opinar en los eventuales caso de denuncias judiciales.
Es decir que se beneficiará a quienes se quiere perseguir.
Con toda sinceridad, vemos en esta campaña una pura y clara finalidad de movilizar a las debilitadas huestes frentistas.
No hay que votar la derogación de la ley. Por ser coherentes con el estatuto de la salida.
Por terminar de una vez por todas con el escarbar en el pasado que se ha convertido en el veneno de la convivencia nacional.
Todos tenemos recuerdos y muchos de nosotros vivimos la violencia de forma directa, la de los dos lados.
Pero no queremos más pasado, ocupados como estamos con construir el futuro…
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Dr. Luis Alberto Lacalle
Candidato a la Presidencia por el Partido Nacional
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Al final de la dictadura, recobrada la vigencia plena de las instituciones el parlamento se vio enfrentado a encontrarle una solución a tres problemas derivados de las circunstancias que el país vivió desde 1963 a 1984.
Un primer periodo en el que la subversión intentó derrocar los gobiernos legales y legítimos y un segundo en el cual, comenzando con Bordaberry y siguiendo con Aparicio Méndez, y el gral. Álvarez, vivimos la etapa de gobierno de hecho y privación de libertades que todos recordamos.
La situación de quienes estaban presos por atentar contra las instituciones, el hecho de que miles de funcionarios públicos hubieran sido perseguidos y despedidos ilegalmente y la responsabilidad de ciertos militares y policías en actos violatorios de derechos humanos, formaban parte de ese difícil y complejo problema.
Los legisladores de la época nos abocamos a salir de esa situación y lo hicimos aprobando tres leyes.
Las mismas, vistas en la ya larga perspectiva de los años y por la fuerza de las circunstancias seguramente que contenían elementos de injusticia, pero lo que primó, correctamente, fue la mirada amplia y de conjunto.
Las tres normas formaron lo que hemos dado en llamar "el estatuto de la salida", sin demasiado rigor jurídico pero con un claro sentido de que tenían entre sí una relación estrecha, diríamos que inseparable.
La sociedad encaró tres problemas a través de sus representantes, queriendo dejar cerrado un pasado que hoy se quiere, parcialmente resucitar.
O se derogan las tres leyes o se dejan las cosas como están.
La ley de amnistía otorgó dicho beneficio -amnistía viene de "amnios", olvido- a quienes iniciaron el proceso de destrucción de las instituciones.
A quienes robaron, mataron, secuestraron y torturaron en pleno régimen democrático.
A quienes iniciaron el proceso que desembocó en la dictadura. Muchos estuvieron presos, otros nunca.
Todos fueron beneficiados por la ley mencionada. Algunos ocupan cargos de relevancia.
Unos pocos volvieron del extranjero y han relatado sus "hazañas" como el asesinato de Pascasio Báez o cómo seleccionaban a quienes iban a ejecutar, con notable y terrible frialdad.
Todos fueron amnistiados. No se hicieron distingos para lograr la paz.
Seguramente que entre los funcionarios despedidos ilegalmente, sin el debido proceso, había algunos que lo merecían.
O no concurrían a trabajar o cometían faltas graves. Todos fueron reintegrados, sin excepción.
Se miró el problema en su totalidad, no en el detalle, justamente para lograr la paz.
La ley de caducidad tuvo un tramite más complejo. Lamentablemente no hicimos caso en 1985 al sabio consejo del Senador Dardo Ortiz que proponía que la ley de amnistía fuera para sediciosos y militares y policías, en un mismo cuerpo legal…. Pero no fue así.
Un largo y accidentado trámite y planteos de todo tipo fueron llevando a una redacción que, siendo ingeniosa en su aspecto político, no fue feliz en su claridad jurídica.
Allí quedó incrustado el artículo cuarto que daba intervención al Poder Ejecutivo para indicar si cada caso estaba o no incluido en sus disposiciones.
Dicha ley fue duramente discutida y provocó divisiones partidarias que aún hoy duran. Se reclamó ante la ciudadanía que esta decidiera su derogación mediante un recurso de referéndum.
Fue clara la mayoría de quienes votamos para mantener la norma. Tiene esa ley una doble legitimidad la de su trámite y la de la ratificación popular.
El actual gobierno, aun antes de instalado trató este tema con los mandos militares. A qué se comprometió si es que lo hizo, no lo sabemos.
Si conocemos todos los casos en que usó de la facultad del referido artículo cuarto que permitió que se detuviera a principales personajes de la dictadura que era lo que el Frente Amplio quería.
Esta agrupación política ha tenido actitudes ambivalentes ante esta norma. Ha vociferado contra ella pero no la ha derogado, teniendo como tiene mayoría para ello.
Luego de usarla ha decidido un camino de dudosa solidez institucional que lleva a una reforma constitucional.
La misma, de ser aprobada provocará, como primera consecuencia, que salgan en libertad los presos. Luego que el poder político nunca más tenga nada que opinar en los eventuales caso de denuncias judiciales.
Es decir que se beneficiará a quienes se quiere perseguir.
Con toda sinceridad, vemos en esta campaña una pura y clara finalidad de movilizar a las debilitadas huestes frentistas.
No hay que votar la derogación de la ley. Por ser coherentes con el estatuto de la salida.
Por terminar de una vez por todas con el escarbar en el pasado que se ha convertido en el veneno de la convivencia nacional.
Todos tenemos recuerdos y muchos de nosotros vivimos la violencia de forma directa, la de los dos lados.
Pero no queremos más pasado, ocupados como estamos con construir el futuro…
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Dr. Luis Alberto Lacalle
Candidato a la Presidencia por el Partido Nacional
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